Participación Ciudadana monitorea salarios de funcionarios

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).-  El movimiento cívico Participación Ciudadana monitorea el cumplimiento de la Ley de Función Pública para lo cual ha pedido información sobre los salarios e incentivos de sus funcionarios a ciento dos instituciones del Estado, incluidos los ministerios y organismos centralizados y descentralizados, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, el Senado y la Cámara de Diputados.

El monitoreo se lleva a cabo a través del Observatorio Ciudadano de Seguimiento a la Administración Pública (OCSAP), y procura obtener información sobre el monto total de los incentivos, remuneración del titular, servicios de telefonía móvil, vehículo oficial, combustible y  chofer.

Asimismo, se pide información sobre la cobertura de los gastos en que incurran los funcionarios en caso de desplazamiento oficial, incluyendo: boletos aéreos, seguro de salud y de vida, seguridad personal, gastos de representación, entre otras informaciones.

Para la organización, un mecanismo como el Observatorio tiene “suma importancia”  dado que “uno de los factores de riesgos altos de corrupción en la administración pública es la discrecionalidad en la designación de los servidores públicos, la cual obedece muchas veces  a consideraciones políticas, personales o clientelares”.

Al hacer el anuncio del monitoreo, Javier Cabreja, director ejecutivo de la entidad, atribuyó a la situación descrita, entre otros determinantes, la ineficiencia, ineficacia, baja calidad en la prestación de los servicios públicos y el derroche de los recursos del Estado.

Pone de relieve la distorsión salarial que afecta a la administración pública e inequidades en los beneficios extra que se reciben, incluso en funciones similares, realidades que permanecen ocultas a la ciudadanía.

“Aprovechamos la oportunidad para reiterar el llamado sobre la necesidad de la  aprobación sin demora del Proyecto de Ley sobre Regulación Salarial del Sector Público, que actualmente está siendo conocido por el Congreso. Estamos convencidos que el Estado necesita establecer políticas, normas y pautas para definir la retribución adecuada de todos los cargos del Sector Público Dominicano, incluyendo los de alto mando”, finalizó diciendo Cabreja.